Por J. Luis Ahuactzin
Desde hace 6 años, la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público, se mantiene frenada por el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, y su aplicación es letra muerta en Tlaxcala.
Si bien, la mandataria asumió funciones hasta septiembre de 2021, 3 años después de su aprobación; lo cierto es que utiliza políticamente la bandera de la austeridad, sin que la sancione y la publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para estar vigente.
Dicha Ley fue aprobada en la 63 Legislatura local, cuando el actual oficial Mayor de Gobierno, el poblano, Ramiro Vivanco Chedraui, era presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP).
La norma aprobada, pero que no ha entrado en vigor, se debe a un veto emitido por entonces gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, del PRI, hermano del ahora secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, cuñado de la gobernadora Cuéllar Cisneros.
Pese a que han pasado 6 años, esta Ley aprobada contiene, entre otras restricciones presupuestales, para servicios médicos particulares, pago de bonos de fin de mandato o pensiones, de seguridad personal, gastos para la contratación de difusión en los medios de comunicación.
También crea un Catálogo Único de Productos y Servicios por cada ente público, para evitar contratos leoninos, o discrecionales; restringe los gastos de alimentación, gasolina, telefonía y el uso de choferes, para funcionarios.
Pese a que han pasado 6 años, la Ley se mantiene sin aplicación debido al desinterés o voluntad, para que opere una Ley de Austeridad, como se planteó al inicio de los gobiernos de Morena, bajo la corriente del presidente Andrés Manuel López Obrador.
