Por J. Luis Ahuactzin
Se trata del exrector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), Enrique Padilla Sánchez, quien fue despedido del gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, de Morena, quien habría sido designado en la primera fórmula de la lista de los 10 candidatos plurinominales a diputados locales.
Fuentes consultadas informaron que tras llevarse a cabo una Asamblea nacional en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, dentro de sus procesos internos, la lista será encabezada por el también sobrino de la exgobernadora, exaspirante presidencial, y tía de Padilla Sánchez.
Tras revelarse la lista, causó molestia entre la clase priista, derivado de su deslealtad al haber favorecido al gobierno de Morena y, por el proceso electoral, regresó «premiado» al PRI, con una diputación casi virtual en la 65 Legislatura local.
En el 2023, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), tras una auditoría financiera al gasto público de la UPTx del ejercicio fiscal 2022, detectó un probable desvío de fondos públicos por 18 millones 752 mil 576.46 pesos.
En el informe presentado a los diputados locales y por el cual le reprobaron la cuenta pública, se reveló que en la gestión del ahora candidato del PRI a diputado local, excedió gastos en partidas financieras como ‘percepciones pagadas no autorizadas (sueldos)’, por 2 millones 105 mil 155.77 pesos.
El informe también refirió que realizó «pago a empresas que no justifican operaciones comerciales’, por 15 millones 408 mil 658.80 pesos; ‘pagos improcedentes’, por 541 mil 350.80 pesos; ‘pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación’, por 302 mil 172.16 pesos; ‘incompatibilidad en el desempeño de empleo, cargo o comisión’, por un monto de 197 mil 348.62 pesos (…)».
El OFS encontró que, autorizó el pago de «9 millones 917 mil 672.56 pesos a 3 proveedores, por la compra de diversos bienes o servicios, pero un proveedor beneficiado se desempeña como servidor público en otro ente público (…)».
Al investigar el nombre del proveedor y su información fiscal, el OFS determinó que, «no acreditaron contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales digitales (…)»; entre otras irregularidades.