Por J. Luis Ahuactzin
La activista Yenny Charrez Carlos, al acudir a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), para defensa de una víctima, evidenció que entre el personal que labora en dicho órgano de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mienten y son estudiantes quienes investigan el delito.
Al arribar al edificio público, la activista comenzó a evidenciar, vía Facebook, sobre la restricción para ingresar con teléfono celular al Ministerio Público, sin existir alguna norma que lo prohíbe, y solo por una determinación interna.
Tras evidenciar dicha irregularidad, la secretaria particular de la fiscal, Janeth, dijo que ella estaba facultada para dar instrucciones al personal de la FECC y atender las inconformidades de los ciudadanos, y por ello ella atendería a la activista y la víctima.
Cuando se le cuestionó si ella era abogada, la funcionaria aseguró que sí, si era de profesión abogada, y al solicitarle su oficio en el que determine la autorización de la fiscal; el documento reveló que la funcionaria es de profesión ingeniera.
Pero más aún, tras ser cuestionado sobre si ella conoce la Ley en materia penal que determine la restricción del uso de celulares en el Ministerio Público, quedó callada y dijo que no es abogada, sino estudiante.
Una vez revelada tal situación, la activista Yenny Charrez Carlos, solicitó la presencia de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pues la justicia no puede estar en manos de estudiantes, y así quedó evidenciado en un documento que la misma funcionaria mostró.
