Por J. Luis Ahuactzin
La Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros (SMA), a cargo de Pedro Aquino Alvarado, se deslindó de la crisis de residuos sólidos que enfrentan los 60 municipios de Tlaxcala tras el cierre definitivo del relleno sanitario “Morelos”, en Atlangatepec, pese a que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado la obliga a ejecutar la política estatal en materia de residuos.
De acuerdo con la Ley Orgánica, cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial el 13 de abril de 2026, en su Artículo 57 se establece que la SMA “es la dependencia encargada de elaborar, ejecutar y evaluar la política en materia ambiental y de cuidado y conservación de los recursos naturales”.
En tanto, el Artículo 58, Fracción II, señala que a dicha dependencia le corresponde “formular, ejecutar y evaluar las políticas estatales en materia de medio ambiente, calidad del aire, residuos, economía circular, biodiversidad, ordenamiento ecológico, recursos naturales y de cambio climático”.
Asimismo, la Fracción II Bis del mismo artículo le atribuye “realizar, por conducto del órgano desconcentrado correspondiente, las acciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas jurídicas y autorizaciones en materia ambiental”.
El relleno sanitario de Atlangatepec cesó la recepción de residuos el pasado 31 de octubre, al concluir el convenio con los ayuntamientos. Con ello, Tlaxcala se quedó sin sitio de disposición final estatal, luego de que previamente cerraran los rellenos de Panotla, Huamantla y Nanacamilpa-Calpulalpan.
Ante la contingencia, la SMA se lavó las manos y solo emitió una Declaratoria de Emergencia Ambiental y puso a disposición de los municipios seis opciones de disposición final, de carácter privado dentro del estado y en entidades colindantes, en Puebla e Hidalgo, dejando en manos de cada ayuntamiento la contratación, el traslado y el pago por tonelada.
Al corte del 2 de noviembre, 38 de los 60 ayuntamientos no habían publicado aviso alguno sobre el nuevo esquema de recolección, mientras que los 22 restantes difundieron medidas restrictivas, como la separación obligatoria de residuos y la suspensión de rutas, sin precisar el sitio de disposición final ni el costo que asumirán.
