•Quiso ampararse contra la reforma a la Ley de Fiscalización y el Juzgado Federal le desechó la demanda.
•El alcalde de Huamantla sigue bajo procedimiento de responsabilidad.
Por J. Luis Ahuactzin
Al presidente municipal de Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, se le cayó el amparo con el que pretendía frenar la reforma a la Ley de Fiscalización Superior y ahora enfrenta una multa y un procedimiento de responsabilidad administrativa por no entregar información para su auditoría.
El acuerdo publicado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), expediente 152, el Juzgado Federal radicó y de inmediato desechó la demanda de amparo promovida por el propio alcalde contra actos del Congreso del Estado de Tlaxcala y otras autoridades, en este caso el OFS.
El juzgador argumenta la improcedencia del juicio de amparo indirecto al tratarse de una ley de carácter general y de aplicación futura, además de aplicar la jurisprudencia sobre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas.
Según la misma resolución, el antecedente del amparo es la determinación contenida en el oficio LXV/CFT/AL/1760/2026, donde el Congreso notificó al edil la revisión del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Estado.
En ese documento, el OFS le hace saber que se le inició un procedimiento para la imposición de multa por no presentar en tiempo y forma el componente digital de la cuenta, y por otro lado, el inicio de un procedimiento de responsabilidad por falta de información.
El propio Juzgado señala que el municipio no presentó informe de presunta responsabilidad, y que con ello se abrió el procedimiento en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Santos Cedillo intentó impugnar la reforma al artículo 200 y demás relativos a la Ley de Fiscalización, publicada en el Periódico Oficial (PO), con la que se le dio facultades al OFS para sancionar la no entrega de información en tiempo real.
El juez federal consideró que su demanda era improcedente y no entró ni al fondo. Con ello, el procedimiento que le inició el OFS sigue firme y ahora será enjuiciado por la autoridad fiscalizadora.
Es decir, que el alcalde quien aspira ser gobernador por el PVEM no entregó la información, lo multaron, lo metieron a procedimiento y el amparo que buscaba para protegerse se lo desecharon de plano.
