En la opinión de J. Luis Ahuactzin
Un funcionario de medio pelo en el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros exhibió una posible serie de corruptelas que privan al anterior de la Coordinación del Registro Civil de Tlaxcala, que ponen en tela de duda la legalidad de los trámites.
En esa misma dependencia, donde los amoríos, compadrazgos y parentela salen a relucir y no el trabajo interno por mejorar el servicio que está pal’ perro.
Se trata del poblano Víctor Hugo Mena Hernández, quien de forma discrecional ordenó que en Tlaxcala los trámites de actas de nacimiento del gobierno federal que se pueden imprimir en hojas bond —según él y su corta visión— son falsas, pese a tener el QR para verificar su legalidad.
El empleado del gobierno lorenista, para imponer su capricho, amenazó a sus subalternos con denunciarlos penalmente si reciben ese tipo de actas de nacimiento, las de papel bond, para algún otro trámite.
Por si eso fuera poco, señaló, sin pruebas ni fundamentos, que es en los internet públicos donde se engaña a los usuarios y se emiten actas falsificadas solo por ser impresas en papel bond.
Según él, antes del 2023 registraron 1,500 actas falsificadas, pero lo que omitió en su justificación a medias es no informar por qué no presentó las denuncias penales.
Resulta sospechoso que en esa orden que él emitió en un Acuerdo del 30 de enero de este año, solo deban ser impresas en la forma valorada, como si se tratara de un negocio con la empresa que imprime los formatos de actas de nacimiento; al menos eso deja en tela de duda.
En enero pasado se exhibió cómo «servidores públicos» utilizaron las instalaciones del Registro Civil como cantina, y de esas personas se presumió que una de ellas era parentela del funcionario lorenista, pues los amoríos con la Jefatura de Actas Certificadas y la protección al entonces cuñado en Archivos privilegiaban puestos por discreción.
TRASCENDIDOS
¿Será cierto que, por enésima ocasión, el líder transportista Indalecio enfrenta la justicia penal, y hasta se amparó para no pisar la cárcel?
¿Será cierto que el exsecretario administrativo del Congreso de Tlaxcala enfrenta una denuncia penal; se amparó contra una orden de aprehensión y pagó 100 mil pesos como fianza para que le concedieran la suspensión provisional y no pisar la cárcel?
