Por J. Luis Ahuactzin
La auditoria que aplicó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), destapó la gravedad que existe en la entidad en materia de violencia contra las mujeres, que, incluso reveló una posible crisis en derechos humanos.
«(…) también se ha convertido en un problema público concerniente a la seguridad y la salud pública y aún más, en un problema de Derechos Humanos (…)», así lo expusieron en proyecto denominado «LINEAMIENTOS, para la realización del Proyecto AVGM/TLAX/AC04/PGJ/123, en la Ciudad de México el día 25 de marzo del año 2024», que firmó la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros y Ernestina Carro Roldán, fiscala, para recibir recursos públicos federales, para disminuir los casos de violencia.
A 20 días para concluir el cuarto año de gobierno lorenista, también se reveló que en Tlaxcala, desde las carpetas de investigación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó que se abrieron 3 mil 882 carpetas de investigación:
•74 por lesiones dolosas
•18 por violencia familiar
•14 feminicidios
•13 por abuso sexual
•2 por acoso sexual
•9 por violación
Por si fuera poco, la Dirección General de Información en Salud (DGIS), señaló que en Tlaxcala el grado de violencia contra las mujeres se reflejó así:
• 176 casos fueron con el pie o mano del agresor • 26 por un objeto contundente
• 12 por proyectil de arma de fuego
• 10 por un objeto punzocortante
• 1 por asfixia o sofocación
• 2 por sacudidas
Sobre las consecuencias de la violencia contra la salud de las mujeres, se reflejó que:
• 78 casos de contusión o magullamiento • 63 trastorno del estado de ánimo
• 38 múltiples consecuencias
• 35 trastornos de ansiedad o estrés postraumático • 20 heridas
• 15 laceración o abrasión
• 13 depresión
• 5 fracturas
•4 infecciones de transmisión sexual
•2 luxación o esguince
• 1 cicatrices
Pese a estos datos alarmantes, el OFS reveló que la Fiscalía, bajo la autorización de Ernestina Carro Roldán, prefirió pagar del Convenio del Subsidio Federal para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), 750 mil pesos para «consultoría administrativa».
De hecho, el gobierno federal realizó una transferencia de recursos públicos por 1 millón 350 mil pesos, derivados de dicho convenio, para erradicar la violencia contra las mujeres.
