- Le batean amparo a líder del PRI; quería usar laudos laborales para evadir sanciones del ITE*
Por J. Luis Ahuactzin
Mientras en tribuna y en ruedas de prensa el presidente del CDE del PRI, Enrique Padilla Sánchez y su delegada nacional Mariana Moguel, hija de la experredista Rosario Robles, se rasgan las vestiduras criticando las ilegalidades y presuntos actos de corrupción del gobierno de Lorena Cuéllar, en los juzgados federales busca con argucias legaloides darle la vuelta a la ley.
Documentos del Juzgado Primero de Distrito confirman que Padilla Sánchez, en su carácter de presidente y representante legal del tricolor, promovió el amparo 1344 contra el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).
Según la síntesis del auto del 22 de julio -publicado el 23 de julio- el priista se quejó contra la determinación de «negativa de dar prioridad al pago de los laudos emitidos por la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado» dentro de los expedientes C.D.T. 422 y C.D.T. 673.
Su argumento legaloide: que esos dos laudos laborales -que por cierto llevan más de una década sin pagarse a los trabajadores- tienen «valor preferencial» sobre las sanciones administrativas que le impuso el ITE al PRI en los procedimientos ITE-CG-83/2025 y ITE-CG-23/2026, multas que se descuentan de sus prerrogativas.
Es decir, quería usar la deuda con los trabajadores para tratar de frenar que le cobren las multas electorales al partido.
Pero la jugada no le salió. El Juzgado federal desechó de plano su demanda el pasado 7 de agosto.
El motivo es contundente: con fundamento en el «artículo 61, fracción XV de la Ley de Amparo, el juez determinó que el amparo es improcedente contra resoluciones de autoridades en materia electoral».
Es decir, quiso llevar a la justicia federal un asunto que por ley debe pelearse en los tribunales electorales.
El doble discurso queda al descubierto: por un lado exige legalidad y combate a la corrupción, y por otro litiga para no pagar ni las multas por violar la ley electoral, ni los laudos que por justicia laboral le corresponden a extrabajadores del partido.
Hasta ahora, el PRI sigue sin pagar ni lo uno ni lo otro.
