Por J. Luis Ahuactzin
Se trata del encargado de la dirección administrativa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Martín N., quien es señalado por haber utilizado recursos del organismo para favorecer a su hermana María Teresa N. en un asunto penal contra un particular en el municipio de Apizaco.
Incluso, el funcionario identificado es vinculado al equipo de la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, quien habría usado al organismo para beneficiar en procedimientos legales y omisión para un familiar; lo que configuraría un conflicto de interés y probable uso indebido del servicio público.
La semana pasada, a José N., una juez del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, le decretó el auto de libertad de forma inmediata al no existir pruebas contundentes de la acusación de la docente de una primaria de Apizaco, María Teresa N., quien procedió por presuntas amenazas de muerte contra el supuesto agresor.
Días posteriores, se reveló a través de mensajes, que por situación de la investigación, son reservados; se denunció que desde la CEDHT el funcionario, hermano de la docente, es quien ha ordenado obstaculizar el proceso de queja contra su hermana, e incluso, ya documentaron que se trata de una maquinación entre el funcionario, dos visitadores, visitador general y/o secretario ejecutivo, y hasta la asistente personal de la presidenta del organismo, señalada como «Marlene N.».
«La CEDH debe defender al ciudadano del poder, no usar el poder para causas privadas. Se exige investigación inmediata (…)», dijo la denunciante.
Por si eso fuera poco, el asunto también salpicó a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEP-USET, de Homero Meneses, ya que el titular laboró en la CEDH; es decir, es conocido de la trabajadora «Marlene», quien lleva más de una década en ese cargo.
De acuerdo con el marco legal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de la CEDH Tlaxcala prohíben usar el cargo para beneficio personal o de terceros. La Fiscalía Anticorrupción deberá determinar si existe delito o falta administrativa.
