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En un hecho que evidencia las fallas del sistema de salud estatal, un juez federal concedió la suspensión de oficio y de plano a favor de una menor paciente del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), al considerar que su vida y su salud estaban en riesgo por la falta de suministro de su medicamento.
La resolución, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, establece con claridad que:
“Las autoridades responsables deberán abstenerse de realizar de inmediato cualquier acto que tenga como finalidad o resultado vulnerar o poner en peligro el derecho a la vida y la salud de la directamente agraviada…”
Asimismo, el documento ordena que se realicen todas las acciones necesarias para respetar el derecho a la salud, entendido como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, y que se brinde de inmediato el medicamento correspondiente, necesario para salvaguardar la vida, la salud e integridad física de la niña.
La activista Hayde Noya Cortés, presidenta de la asociación Corazonadas de Amor contra la Leucemia A.C., informó el resultado del amparo mediante sus redes sociales:
“Se concede la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos que pongan en peligro la vida de la directa quejosa. El Hospital Infantil de Tlaxcala tiene 24 hrs para entregar a Cami su medicamento.”
El fallo judicial revela la crisis en el sistema de salud tlaxcalteca, donde las familias enfrentan burocracia, desabasto y negligencia, incluso en casos donde está en riesgo la vida de menores de edad.
Mientras el gobierno estatal presume obras de iluminación, cápsulas del tiempo y proyectos turísticos, los hospitales públicos carecen de medicamentos básicos y sensibilidad humana.
La sentencia judicial es un golpe a la complacencia institucional y un recordatorio de que el derecho a la salud no puede depender de un acto de buena voluntad gubernamental, sino que debe garantizarse por obligación.
El trabajo de Hayde Noya y su asociación se ha convertido en un muro de contención frente a la inacción del Estado, defendiendo la vida de niñas y niños con enfermedades graves. Este caso no solo salvó una vida, sino que evidenció que el gobierno debe ser obligado por la justicia para cumplir su deber más elemental.
“El amparo no debería ser un recurso para que un niño reciba su tratamiento; debería ser un acto automático del sistema de salud”, señalaron usuarios en redes sociales tras conocer el caso.
El fallo del Poder Judicial no es una victoria del sistema, sino una advertencia: el Estado no puede celebrar infraestructura ni eventos culturales mientras sus hospitales vulneran derechos humanos básicos.
Cuando la justicia debe intervenir para que una niña reciba su medicamento, el gobierno ha fallado en su responsabilidad más humana y constitucional: proteger la vida.
