En la opinión de J. Luis Ahuactzin
Quienes dirigían al Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, le robaban a los tlaxcaltecas con jugosos sueldos, compra de autos, asignación de gratificaciones, compensaciones, despensas, cuotas de pensión y por si fuera poco, empleados con doble empleo y algunos de ellos sin cédula profesional.
El discurso morenista del de «primero los pobres», «no robar, no mentir, no traicionar (…)», fue echado a la basura por el cinismo y desfachatez, de quien dirigió dicho Instituto y exhibido por el OFS.
La auditoría que realizó el Órgano de Fiscalización Superior el ejercicio fiscal del 2024, reveló una trama de presuntos actos de corruptela, solapadas por el director general, Miguel Sánchez Ramírez, el mismo chapulín que brincó al entonces Consejo de la Judicatura del Poder Judicial local, como representante del Poder Ejecutivo.
El informe reveló que Miguel Sánchez, junto con su directora administrativa, aprobaron la compra directa de 6 vehículos nuevos a la distribuidora automotriz Tlaxcala SAPI de C.V. De la adquisición que violó la Ley de Adquisiciones, 4 de ellos fueron por 358 mil 330 pesos y 2 más por 368 mil 668.43 pesos.
El abogado que presume sus 35 años de experiencia, que en algún momento integró en Consejo de la Judicatura; no solo fue opaco y gris, sino que respaldó la iniciativa para ocultar toda información pública: escondió el Presupuesto, el tabulador de sueldos, programa de «austeridad», estados financieros, informes de actividades, remuneraciones, entre otras obligaciones más… Las metas programadas no fueron alcanzadas, como seguimientos a juicios legales, atención a requerimientos, suscripción de convenios, difusión de la cultura, difusión de números de emergencia; es decir, que su plan anual quedó en ceros.
Pero eso no es todo, detectaron que 4 funcionarios y una secretaria no tenían cédula profesional y aun así ejercieran cargos en jefaturas, por ejemplo, Natalia de Jesús Chávez Vásquez, con el puesto de jefa de oficina de asuntos penales, laborales, agrarios, administrativos y amparos, en el departamento jurídico contencioso.
Luisa Fernanda Melgoza Cortés, asignada como secretaria del director en la dirección general.
Otro caso es el de Josué Montiel López, asignado como jefe de oficina de recursos humanos y materiales en el departamento de administración de activos, finanzas y mercadotecnia.
También se encuentra el caso de Marisol Alonso Carmona, quien era la jefa de la oficina de valuación, en el departamento jurídico contencioso.
Así como Fanny Sánchez Cruz, jefa de la oficina de relaciones institucionales y archivo, del departamento jurídico contencioso.
Adicionalmente, descubrieron que en eso de devolverle al pueblo lo robado, 10 empleados cobraban doble o triple nómina al trabajar lo mismo en el Instituto, en el Poder Judicial y el Instituto Estatal de la Mujer, como fue el caso de Ivette Mayte Hernández Hernández, jefe de oficina.
TRASCENDIDOS
• ¿Será cierto que un excalde Carcaño, está en lista negra de exautoridades municipales que pasarán la cárcel por desvío de fondos públicos… hasta se amparó por temor?
• ¿Será cierto que el funcionario del error de dedos y cabezas de águila, cambiará el lema de campaña turística pirateado de Josefina Rodríguez, del «Tlaxcala sí existe», por el del sexenio del priismo, «Tlaxcala, ni te imaginas… descúbrelo»?
