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LaRedTlaxcala.com
El pasado jueves 14 de agosto, el Congreso del Estado de Tlaxcala aprobรณ la reprobaciรณn de la cuenta pรบblica del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, una decisiรณn que contradice directamente una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naciรณn (SCJN) el pasado mes de mayo.
En su resoluciรณn, la SCJN estableciรณ de manera categรณrica que el รrgano de Fiscalizaciรณn Superior (OFS) del estado carece de competencia legal para dictaminar sobre cuentas pรบblicas que incluyan recursos federales.
De acuerdo con el mรกximo tribunal, รบnicamente la Auditorรญa Superior de la Federaciรณn (ASF) tiene la facultad exclusiva para fiscalizar dichos recursos, mientras que el OFS solo puede intervenir en asuntos relacionados con fondos de origen estatal o municipal.
La sentencia, que pone fin a mรกs de un aรฑo de litigio promovido por el municipio de Contla, subraya que cualquier dictamen emitido por el OFS sobre recursos federales carece de efectos jurรญdicos y no puede servir como fundamento para sanciones administrativas o polรญticas. La Corte enfatizรณ que tales acciones responden a intereses ajenos a la legalidad y vulneran el marco constitucional de la fiscalizaciรณn pรบblica.
Pese a haber sido notificados formalmente de esta resoluciรณn, el Congreso de Tlaxcala y el propio OFS procedieron a rechazar la cuenta pรบblica de Contla, ignorando de manera explรญcita el fallo de la SCJN.
Este acto ha sido calificado por expertos jurรญdicos como un desacato a la autoridad judicial, lo cual constituye una grave afectaciรณn al estado de derecho.
El caso revela, ademรกs, una irregularidad institucional de fondo. Desde el 2 de diciembre de 2020, fecha en que la ASF retirรณ el convenio que permitรญa al OFS de Tlaxcala auditar el gasto corriente con recursos federales, dicho รณrgano ha continuado ejerciendo funciones que ya no le corresponden.
Durante mรกs de cinco aรฑos, ha emitido observaciones, recomendaciones y sanciones contra servidores pรบblicos municipales sin contar con la base legal necesaria, lo que configura un patrรณn sistemรกtico de sobrepaso de facultades.
Este accionar no solo carece de sustento jurรญdico, sino que tambiรฉn socava la credibilidad de los mecanismos de rendiciรณn de cuentas.
Numerosos municipios han sido objeto de procesos de fiscalizaciรณn basados en actos de autoridad sin validez, lo que podrรญa implicar la revisiรณn de mรบltiples resoluciones emitidas en este periodo.
Autoridades jurรญdicas han advertido que el desacato a una sentencia de la SCJN puede acarrear consecuencias severas, incluyendo responsabilidades penales o administrativas para quienes participaron en la decisiรณn.
En los prรณximos meses, se espera que la Suprema Corte se pronuncie formalmente sobre este caso, lo que podrรญa derivar en la anulaciรณn de la reprobaciรณn de la cuenta pรบblica de Contla y en acciones contra los funcionarios responsables.
El episodio marca un precedente preocupante en el รกmbito de la fiscalizaciรณn pรบblica en Tlaxcala, y pone en evidencia la necesidad de fortalecer el respeto a la divisiรณn de poderes y a las sentencias de los tribunales superiores.





