Por J. Luis Ahuactzin
Se trata del secretario de Finanzas del Gobierno lorenista, David Álvarez Ochoa, quien fue multado por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), por negarse a realizar un embargo a las cuentas bancarias de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por sentencia de laudo laboral.
Álvarez Ochoa fue notificado el 5 de marzo de la presente anualidad, ya que se le ordenó el 5 de enero también de este año, a qué retuviera recursos públicos del capítulo 1000, «o la partida de indemnización o liquidaciones o destinados al pago de laudos o sentencias, del Presupuesto de Egresos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para el ejercicio fiscal del 2024 (…)».
Dicha notificación contenía la advertencia de incumplir con dicho embargo, se haría acreedor a una multa de 10 unidades de medida y actualización, estimadas en mil 85 pesos; por lo que se amparó ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Tlaxcala.
El servidor público fue exhibido porque incumplió el embargo, y fueron los titulares de la Dirección Jurídica y la Dirección de Ingresos y Fiscalización, de la Secretaría de Finanzas, quienes mintieron y negaron la existencia del cobro de la multa, pese a la existencia del acto reclamado, que es la multa impuesta la promoción del amparo constitucional.
Pee a ser exhibidos como mentirosos, y de tener un crédito fiscal el David Álvarez Ochoa, el Juzgado federal, levantó la multa impuesta y ordenó al TJA emitir de nueva cuenta una resolución bajo los argumentos del servidor público en que no puede realizarse el embargo al no estar entre sus facultades de aplicar las retenciones vía esa ejecutoria.
